Aquí radica la paradoja: mientras el Congreso discute cómo mejorar un sistema dependiente del empleo formal, la IA avanza hacia un modelo postrabajo…
El siglo pasado, John Maynard Keynes, en su ensayo “Posibilidades económicas de nuestros nietos”, predijo que el avance tecnológico aumentaría nuestra productividad a tal punto que las personas trabajarían menos horas, sin sacrificar su bienestar económico. Imaginó así un futuro en que el progreso tecnológico reduciría la necesidad de trabajar, liberando tiempo para el ocio.
En 2024, el magnate y ahora jefe de la DOGE estadounidense, Elon Musk, ha dicho en una conferencia que "probablemente ninguno de nosotros tendrá un trabajo" debido a la automatización y la IA. Entonces, ¿qué hacemos creando y modificando legislación para recaudar a través de personas con un empleo formal, impuestos para devolverlos en forma de pensiones, después de los 65 o más años? que por lo demás, es una esperanza de vida bastante baja para la estadística chilena. Es más, Europa en sus últimas reformas ha definido subirla a 67 y 68 años.
La aprobación de la reforma de pensiones en Chile marca un hito al corregir desigualdades históricas, sí: incrementa la cotización patronal, fortalece la PGU y reduce brechas de género. Sin embargo, en tiempos en que la inteligencia artificial (IA) amenaza con reconfigurar el mercado laboral, esta legislación parece anclada en un modelo económico y social que podría quedar obsoleto en menos de una década. Esto, más allá del proceso post-estallido y post-COVID, que obligó a tomar decisiones forzadas de automatización, flexibilidad horaria y teletrabajo, y que se está acentuando ante el surgimiento de los LLMs (modelos de lenguaje que utiliza la IA generativa), que ocupamos como GPTs, y los emergentes Agentes de IA.
Un dilema para un futuro que ya llegó.
El núcleo del sistema de pensiones chileno —basado en cotizaciones laborales— choca frontalmente con dos realidades:
Automatización acelerada: Según el Foro Económico Mundial, para 2030 la IA podría desplazar el 30% de las horas trabajadas globalmente, afectando especialmente a sectores como servicios administrativos, manufactura y retail. En Chile, el 47% de los empleos ya tiene alto riesgo de automatización.
El fin del trabajo (formal) como eje de la seguridad social: Si las máquinas reemplazan masivamente a los humanos, ¿sobre qué base se financiarán las pensiones? La cotización obligatoria perdería sentido en un escenario de desempleo estructural y de “empleados” (agentes) no-humanos.
Aquí radica la paradoja: mientras el Congreso discute cómo mejorar un sistema dependiente del empleo formal, la IA avanza hacia un modelo postrabajo, sin humanos cotizantes o contribuyentes del sistema. Legislar para el siglo XXI exige mirar más allá de cotizaciones, AFPs y empleo formal como lo conocemos.
Y ahora, ¿quién “pagará” las pensiones?
Ideas a veces sobran, tenemos políticos ocurrentes que impulsan leyes anti-memes, por ejemplo. Pero en este tipo de discusión tan profunda pareciera que faltaran. La poca capacidad de innovación del mundo político a veces hace que estas cosas terminen en líbelos atarantados y poco serios, con baja capacidad de diálogo y acuerdos, terminando en fórmulas poco amigables con el futuro de quienes, finalmente, financiaremos el nuevo modelo.
En el mundo anglosajón ya han surgido algunas propuestas. Impuesto a la automatización; grabar a empresas según el valor de los trabajos reemplazados por IA/robots, a lo que llaman justicia tecnológica . Tributación corporativa redistributiva; aumentar impuestos a beneficios extraordinarios de las empresas tech, discusión generada en la Unión Europea. Y la famosa RBU, Renta Básica Universal, que podría financiarla impuestos a la productividad de la IA y la consolidación de subsidios estatales, analizada tanto en EE.UU. (OpenSearch) como en Finlandia, con programas piloto.
Estas medidas ya no son utópicas, a nivel de prototipo, claro. Escalarlo al nivel que penetra la IA todas las industrias no lo sabemos aún. El conocido CEO de Open AI, Sam Altman, ya financia pilotos de RBU, argumentando que la IA generará riqueza suficiente para sostenerla. Incluso el Parlamento Europeo explora cómo gravar a los "empleados digitales" (muy innovadores ellos, como siempre). Pero Elon Musk también ha hablado de esta fórmula como inevitable ante la automatización acelerada, por lo que es justo asumir que es un debate que debemos tener, encontrar experiencia comparada, si es que la hay suficiente, y ver si es viable de analizar con seriedad.
El riesgo de ignorar esta discusión es alto:
Fracaso previsional: Si la IA reduce la masa de cotizantes, el nuevo y fortalecido sistema mixto (AFP + PGU) colapsaría por falta de sustentabilidad, más allá de sus mecanismos de compensación.
Aumento de la desigualdad: La riqueza generada por la automatización se concentraría en empresas altamente tecnologizadas, agudizando la brecha social, preocupación permanente de la política mundial, especialmente del progresismo y las izquierdas.
Por lo pronto, todo tiene pinta de ser un parche más. Los políticos, claro, se aplaudirán mutuamente. Pero el Estado a estas alturas debiera al menos haber creando alguna instancia transversal (gobierno, academia, sector tecnológico), o delegar este análisis tan crítico para la población general como las pensiones a la Comisión para el Futuro del Senado, para diseñar un marco tributario ad hoc para la era de la IA. Esta última comisión, por lo pronto, se encuentra hoy desarrollando una Política Nacional de Inteligencia Artificial, pero hasta ahora solo aborda temas sobre manejo responsable de los datos, esencialmente. Explorar si es necesario o factible crear impuestos específicos a la productividad generada por algoritmos y robots, como sugiere el informe de Mercer-CFA es una vía; buscar si es viable realizar pilotos de RBU financiados con estos tributos. Sugiere ir priorizando regiones con alto riesgo de automatización. ¿Habrá “piso” para una discusión así?
La automatización no es una distopía lejana: elimina y ya ha destruido empleos tradicionales en retail (siguen y seguirán cerrando puntos de venta físicos), banca (cada vez más digitalizada) y logística. Mientras otros países debaten cómo insertar tecnología de punta integrando Inteligencia Artificial en sus procesos, y a la vez redistribuir la riqueza generada por la IA, Chile sigue anclado en lógicas contributivas del siglo pasado, además de estancados en crecimiento y productividad. La pregunta ya no es si las máquinas reemplazarán a los humanos, sino cómo garantizar dignidad —si es que logramos acordar qué significa— en un mundo donde el trabajo ya no es, o no será, la norma.
Solopreneurs
El auge de la IA, apalancada de una digitalización transformadora en Chile, con altos o casi absolutos niveles de conectividad hasta el punto más remoto, gracias al 5G o Starlink, el doble de teléfonos móviles que personas, y ecosistemas de emprendimiento e innovación generadores de “independientes”, ha traído consigo también un cambio en el paradigma de la generación de ingresos de personas reconvertidas o jóvenes cada vez más reacios a cumplir horarios, trabajos tediosos, ambientes “tóxicos”, o derechamente porque buscan algo más allá de “una pega”. De ahí la preocupación de Impuestos Internos por fiscalizar estos “nuevos movimientos”. Ha surgido una generación de Solopreneurs que busca escalar sus ingresos con modelos de negocio digitales, creando comunidades al rededor de una causa o gusto en común, (más allá de la manoseada “libertad financiera”), que gusta de viajar y trabajar maximizando su juventud, equilibrando distintos ámbitos de su vida, probablemente sin ataduras previsionales. Así, sus transacciones son en cryptomonedas, en pasarelas como Stripe (en Euros o Dólares) para recaudarla en una cuenta Wise abierta en EE.UU. o Bélgica, facturando todo con una empresa creada por 500 dólares en una zona que cobre menos impuestos corporativos. ¿Dónde recaudó la AFP o el FONASA en este proceso? ni de lejos…
Retooling. Reskilling. Upskilling
Durante las pasadas semanas, los economistas Oscar Landerretche e Ignacio Briones se han paseado en conferencias y entrevistas en medios, promoviendo una agenda común donde puedan converger izquierdas y derechas (Un Pacto de Desarrollo), donde se menciona la necesidad de entregar herramientas para capacitar personas para los nuevos desafíos del mercado laboral, o derechamente entregar conocimiento avanzado para su completa reconversión, lo que claramente apunta a que las próximas políticas públicas se enfoquen en promover, a través de SENCE, por ejemplo, estos nuevos formatos de trabajo más flexibles, más tecnificados, más compatibles con la vida personal y, nuevamente, con mayor independencia y orientada a un país que se ha enfocado en los Servicios.
Veámoslo más adelante
Una próxima reforma, si es que es deseable, —una grande y de verdad— deberá analizar cómo gravar efectivamente a quienes se beneficien de la disrupción tecnológica y convertir esa recaudación en redes de seguridad universales, o buscar otras alternativas socialmente aceptables. El tiempo apremia: legislar con miopía tecnológica no solo es ingenuo, sino un acto de irresponsabilidad histórica, como lo fue no acordar esta reforma previsional hace 20 años, o como lo fue un salvataje de última hora al sistema de ISAPRE que tuvo que resolverse hace más de 10. Así las cosas, el próximo gobierno tendrá que lidiar con una irrupción en etapas avanzadas de la Inteligencia Artificial, tiempos geopolíticos complejos y una economía desafiada por un momento revolucionario.